El 14 de febrero se realizarán las elecciones al Parlamento de Cataluña. Las encuestas varían a diario y las últimas (10 de febrero) dan un virtual empate entre el Partido Socialista de Cataluña (PSC) con 32 a 34 diputados, seguido de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) con 31 a 33 escaños, y Junts per Catalunya (JxCat) con 30 a 32 diputados. Como las apuestas varían por día es difícil hacer una predicción, sobre todo en el contexto de una posible escasa participación. Ante el ascenso del PSC y para evitar sorpresas de último momento los partidos nacionalistas ERC, JxCat, CUP y PDeCat han acordado no pactar un gobierno con los socialistas cualquiera que sea el resultado de las elecciones. El pacto intenta suturar por arriba las profundas grietas entre estos partidos que convocan estas elecciones por su incapacidad de llegar a un acuerdo para designar President.
Motivos de la convocatoria
Los partidos enzarzados en el debate prefieren olvidar porqué se ha convocado el acto. El motivo fue el procesamiento del presidente de la Generalidad, Quim Torra, por parte de la justicia por contrariar las órdenes de la Junta Electoral que lo obligó a retirar unos lazos amarillos de los balcones del Palacio de San Jorge, sede del gobierno catalán. Los lazos amarillos son un recordatorio elegido por los nacionalistas de Cataluña de que varios parlamentarios y miembros del gobierno, como el vice presidente de la Generalidad y dirigente de ERC, Oriol Junqueras, y otras 11 figuras destacadas de la política local fueron procesadas y condenadas por diversos delitos. Junqueras se lleva las palmas con una condena a 13 años por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos. La inhabilitación de Torra no fue enfrentada con la movilización de las bases por los partidos nacionalistas. Por el contrario el que creía tener en su mano la carta del triunfo, ERC, forzó la convocatoria electoral con el acuerdo de las otras formaciones nacionalistas.
Mientras tanto se pasa por encima de la circunstancia de que todos los dirigentes encarcelados fueron procesados tras un intento de referéndum sobre cuya base se pretendía declarar la independencia unilateral de Catalunya. Este hecho nunca llegó a consumarse en la medida que la votación sobre ese objetivo se realizó fuera del recinto parlamentario, en el como sí de algo que nunca existió, y que además el entonces presidente de la generalidad, Carles Puigdemont, hoy prófugo en Bruselas pero ejerciendo como parlamentario europeo, dejó expresamente en suspenso. La presidencia de Quim Torra fue el resultado del pacto entre ERC y JxCat tras las elecciones de octubre de 2017 convocadas para suceder al gobierno intervenido por el artículo 155 tras el intento de referéndum bajo el gobierno del Partido Popular. En este cuadro una política consecuente hubiera exigido de estas formaciones la organización del boicot a estas elecciones.
La respuesta sin embargo ha sido la inacción de las agrupaciones nacionalistas, su impotencia ante la crisis económica y la desastrosa gestión de la pandemia, y el papel impotente de la izquierda institucional constituida por En Comú Podem, la coalición entre Barcelona en Comú y Unidas Podemos ante el avance de la crisis, el paro y el deterioro de la sanidad pública que han dado alas a las críticas de la extrema derecha. La expectativa de voto de Vox ha subido hasta entre 9 y 10 diputados, a costas de Ciudadanos y del deterioro del Partido Popular. No en vano la reactivación del proceso contra el PP con la aportación del ex tesorero Luis Bárcenas ha mordido las carnes de la formación de Pablo Casado en vísperas de estas elecciones.
Sistemática capitulación
La intervención política del gobierno autónomo por el gobierno central, el procesamiento de los políticos catalanes, la formación del nuevo gobierno de Quim Torra y finalmente su destitución, procesamiento e inhabilitación, es una sucesión de acontecimientos represivos y antidemocráticos ante los cuales los dirigentes nacionalistas han capitulado de forma sistemática. El conjunto de los partidos burgueses y pequeñoburgueses catalanes ha renunciado a la movilización de las masas para la liberación de sus detenidos y por el objetivo de la autodeterminación nacional. Han entrado en componendas y acuerdos parciales con el resto de las organizaciones políticas burguesas y ERC ha sido el puente de oro para la proclamación del Gobierno de Coalición entre PSOE Y Unidas Podemos a cambio de una mesa de negociación entre el gobierno central y los partidos catalanes que nunca ha funcionado.
Los nacionalistas han retrocedido incluso de sus supuestos objetivos de una república burguesa independiente, entre otras cosas porque esa meta sólo la podrían alcanzar con la movilización de los trabajadores catalanes con el consiguiente riesgo de que las exigencias de los trabajadores sobrepasaran las aspiraciones de los partidos nacionalistas y los sustituyeran en la dirección del movimiento inaugurando un periodo revolucionario.
La propia convocatoria de las elecciones es una imposición judicial arbitraria que los partidos nacionalistas acabaron aceptando por mero oportunismo. La Generalitat propuso posponer las elecciones al parlamento regional por el descontrol de la pandemia que llevó a una severa limitación de la movilidad y la drástica reducción de horarios en la hostelería, al toque de queda para evitar la movilidad nocturna y a la suspensión de las clases con el confinamiento de barrios por la alta incidencia acumulada.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por iniciativa de la fiscalía del estado ratificó la fecha electoral del 14 de febrero a pesar de este cuadro. Finalmente y de forma oportunista los partidos nacionalistas, temerosos de perder más terreno electoral, aceptaron la fecha. Mientras tanto el gobierno en funciones se ve en figurillas para reunir los ciudadanos necesarios para constituir las mesas electorales con más de 25.000 rechazos argumentados a la designación. El cuadro más probable ante un virtual empate es la renovación de un pacto entre ERC y JxCat con el apoyo de las CUP para designar presidente de la Generalitat. Esto sería un retroceso de ERC que acarició la posibilidad de obtener una mayoría y gobernar con el apoyo de las otras formaciones, pero sin necesidad de una nueva coalición mal avenida.
La permanente adaptación de las corrientes nacionalistas a las presiones del aparato judicial y del estado centralista y su renuncia a la movilización de las masas para imponer la liberación de sus líderes se ha reflejado también en el abandono creciente de los objetivos de lucha y movilización por parte de las Candidaturas de Unidad Popular (CUP). Por detrás del escenario nacionalista y su falso discurso sobre la superación de las condiciones de explotación bajo una república burguesa emerge el paro, el cierre de empresas, la incapacidad frente a la pandemia, y la inacción de la izquierda nacionalista las CUP. Las encuestas preven una baja concurrencia electoral, algo que ha sembrado el propio nacionalismo incapaz de dar respuesta a las necesidades de los trabajadores. Hay decepción y no expectativa. Un nuevo ejecutivo nacionalista es la continuidad en el fracaso. Este es el verdadero motor del abstencionismo, sumado al temor a la pandemia. Está claro que es la inacción y fracaso de la izquierda y los nacionalistas lo que abre las puertas a la derecha facistoide de VOX.
Opciones
Cabe la posibilidad de que el PSC, que lleva como candidato al ex ministro de Sanidad del Gobierno de Coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, Salvador Illa, consiga ser la fuerza más votada e intente arrastrar a ERC para gobernar con el apoyo de En Comú Podem. El pacto alcanzado el miércoles 11 por los grupos nacionalistas está dirigida a evitar esa posibilidad. Una eventualidad más escurridiza de todas formas porque para que se materialice requeriría el compromiso de una serie de concesiones como cambiar la tipificación de los delitos de sedición y sublevación para facilitar la excarcelación de los presos del ‘procés’, algo que difícilmente el Gobierno de Coalición pueda acordar. El PSOE no tuvo ningún prurito en sacar a Illa del ministerio en medio de la pandemia intentado explotar su supuesto arrastre electoral por el desempeño durante la crisis sanitaria… un desempeño que ha sido deplorable. Mientras tanto se espera además de una menor concurrencia electoral una estrepitosa caída del voto de Ciudadanos que fue el partido más votado con 35 escaños en 2017.
Las últimas encuestas dan entre 9 y 10 escaños a VOX, entre 8 y 9 escaños a las CUP, entre 7 y 8 escaños a Ciudadanos, entre 7 y 8 a En Comú Podem, entre 4 y 5 al Partido Popular. Unidas Podemos viene de serios reveses en el País Vasco y en Galicia en las elecciones autonómicas del pasado año, y su estrategia de capturar votos para obligar a una coalición local al estilo de la que gobierna España, es decir Comunes más PSC está destinada al fracaso porque sólo podrían tener opción como tercera fuerza si fraguara un pacto PSC-ERC. Unidas Podemos ha traicionado todos los puntos de su programa electoral dentro de la coalición con el PSOE, incluido su apoyo a los Pactos de Toledo. El ministro de Consumo, el comunista Alberto Garzón ha atribuido estas capitulaciones al hecho que sólo tienen 35 escaños en el Congreso y que no tienen fuerza para imponer al gobierno de coalición sus puntos de vista. Ha confesado por tanto el verdadero papel que desempeñan en el Gobierno, dar un barniz de izquierda a un gobierno socialdemócrata de corte liberal.
En un intento de salvar la ropa Pablo Iglesias critica las medidas de gobierno que él mismo y su partido han elegido integrar en un intento ridículo de desmarcarse de la política del gabinete del que él y sus compañeros forman parte. Lo único que pueden argumentar es que cuando se adoptan acuerdos en el Consejo de Ministros los de UP salen a tomarse un café en señal de “protesta”, pero el café lo paga La Moncloa.
Ausencia de una alternativa de clase
En los hechos la situación es que no existe una alternativa de clase independiente de la burguesía a las elecciones autonómicas en Catalunya. En medio de la mayor crisis del capital desde 1929, con un paro juvenil que supera el 40%, con una presencia irreductible de la Covid-19, con la amenaza de quiebras de empresas en cadena, en un escenario de colapso económico, con transferencias de capital sin precedentes a las empresas y por tanto a sus propietarios, con un vaciamiento de la seguridad social mediante las exenciones de las cuotas sociales a las empresas, con un crecimiento exponencial de la deuda pública, los trabajadores españoles se asoman a un abismo. La explosión de la desocupación que seguirá a la extinción de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), la parálisis económica y el creciente endeudamiento público avanzan hacia un estallido. Desde el Grupo Independencia Obrera (GIO) llamamos a boicotear estas elecciones como manifestación de repudio a las políticas de conciliación de clases y defensa de los intereses de la burguesía. El GIO llama a construir una alternativa de la clase obrera a la política capituladora del nacionalismo burgués en Catalunya y en España, con el programa de la expropiación de las empresas que cierren y su puesta en marcha bajo control obrero, por una federación de repúblicas socialistas ibéricas, por un gobierno de los trabajadores.
